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Actualidad Cepyme

Publicada el 26-07-2017

La ley limitara que se indemnice a las empresas por concesiones en perdidas

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El PP y el resto de grupos parlamentarios ultiman la negociación en torno a la Ley de Contratos Públicos para aprobar, este jueves, el texto definitivo de la misma. Fuentes conocedoras de la negociación explicaron a elEconomista que la reforma, "una de las más importantes de la legislatura", podría contar con el visto bueno de los cuatro grandes grupos de la Cámara Baja, Podemos incluido. La norma dejará, además, grandes novedades, como la de impedir que las adjudicatarias de obras puedan reclamar responsabilidad patrimonial del Estado si falla la demanda, como ha sucedido con las autopistas en quiebra.

La cuestión adquiere especial relevancia estos días. El viernes el Gobierno debe aprobar oficialmente en el Consejo de Ministros el rescate parcial de los peajes, muchos de ellos en fase de liquidación.

Éste es solo uno de los aspectos que cambiará el panorama de la contratación pública en España. Las mismas fuentes aseveran que por primera vez las pymes subcontratistas podrán cobrar directamente del Estado y evitarse así plazos de pago abusivos que puedan imponerles otras compañías. La cuestión no es baladí, sobre todo teniendo en cuenta que en primavera llegó a especularse con la posibilidad de que la citada Ley cediera a las empresas la potestad de pactar periodos de pago. Este extremo, que ha quedado fuera del texto, "hubiera dejado desprotegidas a las pymes", indica Fernando Navarro, diputado de Ciudadanos que ha llevado el peso de la formación naranja en la reforma.

Pese a que la Ley abrirá la puerta al cobro directo, aún hoy los grupos negocian las causas por las que una pyme podrá beneficiarse del mismo. Esas causas estarán "acotadas" a porcentajes e importes del contrato aún por fijar.

Supervisor independiente
El acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos va a propiciar la creación de un supervisor de contratos públicos independiente, cuyos miembros serán nombrados cada seis años para sortear ciclos electorales y tentaciones políticas en las adjudicaciones. De ese supervisor penderá una Oficina Nacional de Evaluación que, al margen de verificar la claridad y legalidad de los contratos, elabore informes de rentabilidad social y económica.

Más: el texto, que afronta este miércoles su último debate antes de la votación definitiva del jueves, reducirá las cuantías por las cuales las Administraciones pueden adjudicar contratos de manera directa. En este sentido, el límite para los contratos de obras se reducirá un 20%, de 50.000 a 40.000 euros, mientras que el del resto de contratos pasará de los 18.000 a los 15.000 euros.

Algunos grupos consideran que la reducción de límites resulta insuficiente para evitar la corrupción, pero han tenido que ceder para que el acuerdo fuese lo más amplio posible. Más aún en una materia, la de la contratación pública, en la que la Comisión Europea había sacado los colores a España por los continuos escándalos y la falta aparente de control. De cualquier manera, la buena disposición del encargado de negociar por parte del PP, Carlos Floriano, ha sido clave para sumar adeptos a la norma, aseveran desde varios partidos.

Las mismas fuentes explican que Podemos, por ejemplo, se va a sumar al acuerdo al haber conseguido que, de cara a las adjudicaciones, obtengan más puntos las compañías que lleven a cabo una política de contratación socialmente responsable (que tenga en cuenta plazas para personas con discapacidad o igualdad salarial).

Foco de corrupción
Al margen de Bruselas, Transparencia Internacional también recuerda con énfasis que la contratación pública es la gran fuente de ineficiencia del gasto público en España, informa Pedro del Rosal. Hoy, solo el 25% de los procedimientos ofrecen información suficiente en la Plataforma de Contratación que el Gobierno creó para dotar de claridad a este ámbito.

Además, en torno al 40% de las licitaciones cuentan con un único aspirante, un dato que lleva a pensar en que numerosos pliegos se elaboran pensando en un solo contratista. Todo ello en un sector que mueve un volumen equivalente al 20% del PIB.

Las claves de la nueva Ley
Más mercado para pymes

La norma facilitará la contratación por lotes, con una mayor parcelación de las adjudicaciones para favorecer que las pymes accedan a ellas. Las pequeñas y medianas empresas también podrán, por primera vez, cobrar directamente al Estado en función de criterios que aún hoy se están negociando.

Supervisor independiente

Se crea un supervisor independiente al estilo de la Autoridad Fiscal, con miembros nombrados cada seis años para evitar los ciclos electorales. Del supervisor penderá una Oficina Independiente de Evaluación que emitirá informes de rentabilidad socioeconómica de las adjudicaciones.

Menos contratos directos

El límite para adjudicar de forma directa contratos de obra se reduce un 20%, de 50.000 a 40.000 euros. Para el resto de contratos las cuantías mínimas también bajan, desde 18.0000 a 15.000 euros. El 'a dedo' ha hecho mucho daño al sector público, aseveran en el Congreso.

Contratación responsable

Las Aapp primarán a aquellas empresas que lleven a cabo una política de contratación responsable y tengan en cuenta parámetros como la igualdad salarial o las plazas para personas con discapacidad. En principio este aspecto beneficia a grandes empresas, con más políticas de RRHH.

Plazos de pago

El espinoso asunto del pacto entre partes para los plazos de pago queda al margen de la ley, ya que a este aspecto se oponía una mayoría de la Cámara al entender que las pymes quedaban absolutamente desprotegidas. La ley, de hecho, contemplará en ocasiones el cobro directo sin intermediarios.

FUENTE EL ECONOMISTA